¿Hacia dónde debe enfocarse la "cuarta transformación"?

Andrés Gallegos

Con la promesa de una "cuarta transformación" para el país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre. Cuatro académicos del ITESO exponen sus perspectivas para el próximo sexenio y los elementos que consideran fundamentales para que el proyecto de nación del presidente electo tenga éxito.  

Perspectivas económicas

El combate a la desigualdad debe ser una prioridad

Durante los próximos seis años, Andrés Manuel López Obrador tendrá que hacer frente al problema social más grave de México: la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, considera Luis Ignacio Román Morales, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) del ITESO. 

Para ello, el nuevo gobierno deberá implementar una política gradual de crecimiento de los salarios en beneficio de los trabajadores con menores ingresos, así como políticas que incentiven al pequeño y mediano empresario, aumentar la inversión en zonas marginadas y lograr que los grandes corporativos paguen sus impuestos.  

"No basta con hacer algunos programas sociales en favor de los pobres o una política de corto plazo a nivel salarial. El problema es muchísimo más grave y requiere una estrategia de largo plazo", explicó el académico. 

López Obrador deberá atender otros retos económicos como la falta de políticas en el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, la concentración del mercado en pocas empresas, el despoblamiento de las zonas rurales junto con el hacinamiento en las grandes metrópolis, y la debilidad de la micro y pequeña empresa. 

Sin embargo, decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco o la propuesta del senador Ricardo Monreal de eliminar las comisiones bancarias han provocado turbulencias en los mercados y desconfianza en los inversionistas, lo cual puede afectar las intenciones de AMLO de generar un mayor bienestar económico. 

"El aeropuerto es un antes y un después. Es una destrucción de la confianza en el futuro gobierno, un golpe que jamás podrá resarcirse, aunque echara para atrás la decisión (que no va a ser el caso) ha perdido la credibilidad de inversionistas nacionales y extranjeros", comenta Sergio Negrete Cárdenas, profesor de la Escuela de Negocios ITESO.  

El presidente electo anunció, entre sus propuestas de campaña, la puesta en marcha del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que pretende pagar una beca de tres mil 600 pesos mensuales a dos millones 300 mil jóvenes para que trabajen como becarios o aprendices dentro de las empresas. Aunque en principio el programa tenga buenas intenciones, si se aplica mal puede traer graves consecuencias para el empleo en México.  

"Si solo se ofrece la posibilidad de pagar parte de la nómina, durante determinado tiempo, a cargo del Estado con trabajadores que no se sabe lo que van a hacer o aprender y queda como paliativo a corto plazo, podría ser muy riesgoso porque desplazará a la gente de mayor edad y habría un mayor empobrecimiento en el ingreso de los hogares", explica Román. 

Con respecto al anuncio de nuevas inversiones como el Tren Maya, el profesor considera que estas deberán ser estables y no volátiles para que tengan una verdadera aportación a la economía nacional. 

"Prefiero una inversión que no sea de montos gigantescos, pero que genere efectos de encadenamientos productivos hacia la pequeña y mediana empresa, que sea consistente con la defensa del medio ambiente y genere empleos dignos", señala el académico.

"También será fundamental que inversiones como las del Istmo de Tehuantepec no sean solo de industrialización con una lógica maquiladora. Eso generaría un colapso cultural y ecológico en el sur del país", puntualiza Román. 

Aunque AMLO prometió un crecimiento anual de cuatro por ciento, Sergio Negrete consideró que ese objetivo no se va a cumplir.

"Todas las previsiones van hacia 1.5 o dos por ciento. De allí en adelante depende de cómo esté la economía a escala global, especialmente en Estados Unidos. Además, las medidas del gobierno no incentivan el crecimiento ni el bienestar", puntualizó. 

Perspectivas sobre derechos humanos

Hacia una seguridad ciudadana y no militar 

En materia de derechos humanos el problema más grave para el gobierno de López Obrador será hacer frente a la inseguridad pública y la violencia que azota el país, considera David Velasco Yáñez, SJ, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) del ITESO. 

"El derecho a la vida es uno que el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar y proteger (…) Un ejemplo de ello son las desapariciones forzadas. Estamos por llegar a las dos mil fosas clandestinas", afirma. 

Una posible solución sería apostar por la seguridad ciudadana, ejemplificada en casos como las policías comunitarias de Guerrero. "No es la seguridad del estado, la nacional o la interior, sino ese tipo de seguridad que entre y para ciudadanos nos podemos garantizar el cuidado de unos con otros, no por instaurar la justicia por propia mano, sino para poner en el centro a las personas, especialmente a los grupos más vulnerables (niños, mujeres e indígenas)".  

La crisis humanitaria que vive México no tiene precedentes y afecta de manera particular a los defensores de los derechos humanos.

"Uno de los rasgos más críticos de esta crisis grave es la desaparición y ejecución extrajudicial de defensores y defensoras, que ha provocado que en diez años existan hasta 30 informes de organizaciones civiles nacionales e internacionales que denuncian la situación", añade Velasco.  

Con propuestas como una Ley de Amnistía o perdón para el crimen o la creación de una Guardia Nacional, integrada por el ejército y la marina, el presidente electo no está mandando las mejores señales hacia una política de respeto a los derechos humanos ni parece atender las recomendaciones hechas por parte de organismos como Amnistía Internacional o la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

"El perdón viene mucho después de que se ejerce el derecho a la justicia y la verdad. Una vez que se ejerce la justicia, se castigue a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y se conozca lo que realmente ocurrió puede venir el perdón, antes no", explica Velasco.  

"Además, se siguen sin escuchar las voces y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil que se han desarrollado como expertas en determinadas materias como desapariciones, feminicidios o tortura", continúa el especialista, quien agrega que "esa es una condición sin la cual no habrá una cuarta transformación o cualquier otra ilusión que se proponga el nuevo gobierno".  

El jesuita considera que el nuevo gobierno no debe sostener un discurso que atenúe la situación "grave, crítica y conflictiva" de derechos humanos que vive el país y que afecta principalmente a los que menos tienen.

Además, afirma que AMLO se equivoca al plantear un Sistema Nacional Anticorrupción encabezado por un fiscal a modo.  

"Si no es independiente, allí ya empezó la corrupción. El sistema corrupto que afecta a todos los mexicanos está corrompido desde el momento en que se propone suavizar las situaciones y no ir al fondo de los problemas".  

Perspectivas políticas

Resultados en pobreza, seguridad y corrupción, claves para mantener popularidad

Andrés Manuel López Obrador llega con la mayor legitimidad política de los últimos 30 años, gracias a los casi 30 millones de votos obtenidos en la elección del 1 de julio. No obstante, corre el riesgo de perder el apoyo popular si no da resultados en tres temas estratégicos: reducción de la pobreza, combate a la corrupción y más seguridad. 

Así lo considera Jorge Rocha, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, quien observa tres grandes retos políticos del nuevo gobierno: su relación con la oposición, con la clase empresarial y la sociedad civil. 

Respecto a la relación que tendrá AMLO con los grupos opositores a su proyecto de nación, se puede correr el riesgo de que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intente aprovechar sus mayorías en el congreso federal y en algunos estatales para gobernar sin el auxilio de los partidos opositores. 

"Con las mayorías que logró construir, Morena puede aprobar casi cualquier cosa, excepto cambios constitucionales, y puede caer en la tentación de irse de filo sin reconocer los planteamientos de otras fuerzas políticas. Aunque Morena generó una gran mayoría, hay otros sectores de la población que tienen otras maneras de ver las cosas, otros planteamientos, y esas visiones tienen que ser reconocidas", asevera Rocha.  

En cuanto a la relación que el presidente electo tendrá con los empresarios, el académico considera que sería un error mantener una lógica de enfrentamiento e imposición, lo que ya ha provocado tensiones en temas como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.

Sin embargo, Rocha ve necesaria la separación entre el poder político y económico que ha pregonado López Obrador.  

"Muchas de las políticas de México eran dictadas o pactadas con el gran poder económico. Es decir, el grupo de 20 ‘superempresarios' que hay en el país. Esa separación es sana para cualquier país, porque los empresarios podrán ser buenas personas, pero su plan de acción es acrecentar ganancias y eso contraviene los intereses de la mayoría", expresa.  

López Obrador también deberá dar voz a los organismos de las sociedad civil y tomar en cuenta sus planteamientos en diversos temas. "De acuerdo con las señales lanzadas, se observa poca tolerancia hacia la crítica. Tendría que tener una relación mucho más constructiva".  

En cuanto al uso de las consultas ciudadanas como herramienta para gobernar, Rocha cree que es necesario adoptar estos modelos de democracia participativa en México. Pero su organización y puesta en escena han dejado mucho que desear, por lo que López Obrador debería cambiar la legislación en México para adoptarlas de manera legal.  

"Creo que en México debemos consultar muchas cosas. Tenemos una democracia cerrada y precaria. Entre los grandes problemas en este país está que no se les pregunta a los grupos sociales sobre las decisiones que toma el Estado en torno a los grandes problemas", afirma Rocha.